Genaro García Luna, en la mira de la Fiscalía de Nueva York por sobornar y amenazar a periodistas



Foto: elpais.com

Redaccion 16/06/2022   12:46 p. m. Noticias-Nacionales






La Fiscalía de Nueva York asegura tener evidencias irrefutables de más delitos cometidos por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y jefe de la Policía Federal durante el Gobierno de Felipe Calderón. “El acusado amenazó, acosó y sobornó a periodistas que estaban investigando sus crímenes e incluso después de su arresto, mostró la intención de manipular a testigos”, se lee en una solicitud para que las nuevas pruebas sean consideradas en el caso, presentada esta semana. El ministerio fiscal argumenta, además, que García Luna utilizaba un “esquema corrupto de sobornos” para pagar dinero a un medio de comunicación a cambio de que no publicara noticias negativas sobre su gestión como funcionario.

Los fiscales han descrito que cuentan con evidencias de que García Luna, el arquitecto y una de las figuras prominentes de la llamada guerra contra el narco, lanzó intimidaciones y amenazas sistemáticas contra un periodista que lo investigaba. La campaña de acoso, dice la acusación, se extendió durante varios años, entre 2008 y 2013, cuando ya había dejado su puesto como funcionario público. En paralelo, de 2009 a 2010, el exsecretario y principal asesor de Calderón en materia de Seguridad desembolsaba importantes sumas de dinero para que un medio de comunicación no criticara su gestión. El escrito, adelantado por la revista Proceso y al que ha tenido acceso EL PAÍS, no especifica de qué medio se trata.




 

No son los únicos elementos incriminatorios que tiene la Fiscalía. Las autoridades estadounidenses grabaron en 2020 varias conversaciones entre García Luna y un sujeto identificado como “Persona 1″, cuya verdadera identidad no se ha revelado, en las que amenaza con lastimar a varios testigos que están dispuestos a testificar en su contra. Acto seguido, “Persona 1″ le pasa el contacto de “Greg”, un agente encubierto que finge ser miembro de la mafia rusa. En una de las conversaciones, de noviembre de ese año, el exfuncionario y “Persona 1″ discuten cómo pueden “deshacerse” de Jesús El Rey Zambada, un capo del Cartel de Sinaloa que afirmó durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán que pagó sobornos millonarios a García Luna. Ambos discuten que El Rey va a volver a colaborar con la justicia estadounidense y cómo pueden llamar a “Greg” para evitar que llegue al estrado. “Él podría ayudar mucho”, le dice “Persona 1″ a García Luna. “Sí, lo conozco, lo conozco”, responde el acusado. “Matar a los testigos, matar...”, dice “Persona 1″. “Sí, matar a las familias”, complementa García Luna.

“Es un asunto muy delicado”, ha dicho este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. “No se sabe si son pruebas o si se van a aceptar, lo que yo pediría desde ahora es que, independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, se busque la forma de que se den a conocer”, ha agregado el mandatario en su conferencia de prensa diaria. El caso García Luna interpela a dos presidentes de la República emanados del conservador Partido Acción Nacional y rivales políticos de López Obrador: Vicente Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012).

“Entre 2001 y 2012, el acusado fue un funcionario de alto rango en el Gobierno mexicano”, señala la Fiscalía, que destaca que García Luna empezó su ascenso cuando estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el Gobierno de Fox. “Utilizó sus puestos públicos para ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios”, agrega. Las autoridades cifran en “decenas de millones de dólares” los pagos que el exsecretario recibió de la organización criminal encabezada por El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, hermano de El Rey. El arreglo corrupto daba vía libre a los envíos de droga desde México a Estados Unidos, proveía de información sobre carteles rivales y permitía que el grupo de Sinaloa supiera por adelantado sobre los operativos policiales en su contra, aseguran los fiscales.

García Luna fue arrestado en la ciudad texana de Dallas el 9 de diciembre de 2019 y enfrenta cinco cargos en el Estado de Nueva York. Tres delitos están relacionados con el tráfico de cocaína, otro más se le imputa por falsedad de declaraciones y otro por ser parte de una organización criminal. “La evidencia de los esfuerzos del acusado para silenciar a periodistas explican cómo pudo ayudar corruptamente al Cartel de Sinaloa durante años sin que fuera detectado o arrestado”, sostienen los fiscales. “La evidencia de su acoso, amenazas y sobornos a periodistas que amenazaron su reputación serán altamente relevantes para tener una narrativa completa [sobre los crímenes del acusado] en el juicio”, agregan.

Las nuevas evidencias cobran especial importancia a la luz de episodios como el caso de Florence Cassez, acusada de secuestro. El 8 de diciembre de 2005, la entonces Agencia Federal de Investigación, AFI, de García Luna, hizo un montaje de la detención de una banda de secuestradores para que fuera transmitido en directo por Televisa y TV Azteca, las dos principales cadenas de televisión del país. Cuando se supo del montaje, el funcionario argumentó que fue “una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación”. Los reporteros involucrados negaron saber que se trataba de una recreación y sostienen que fueron engañados. La detención de Cassez, supuesta integrante de la banda, provocó un conflicto diplomático con Francia y un escándalo en México, pero después de permanecer en la cárcel durante siete años, la ciudadana francesa fue liberada tras un fallo de la Suprema Corte.

“Del mismo modo, las conversaciones que sostuvo el acusado sobre manipular a testigos y sus esfuerzos por contactar al agente encubierto son evidencia directa de que es culpable”, afirman los abogados a cargo de la acusación. El juez Brian Cogan, el mismo que estuvo al frente del juicio contra El Chapo, decidirá si admite las pruebas de la Fiscalía. El proceso judicial contra García Luna se ha ralentizado por la pandemia de covid-19 y múltiples prórrogas. El inicio del juicio estaba previsto para octubre de 2021, pero se ha pospuesto para empezar el mismo mes, pero de este 2022. Una audiencia preliminar está programada para mediados de julio.

 

Con información de El País