#Detrás de..., por Iván Lópezgallo



Investigadores protestan en P. Nacional (2019) Foto: eleconomista.com.mx

Iván Lópezgallo 05/03/2021   12:00 a. m. Opinion-






¿Los errores de la 4T?

 

El 22 de febrero se conmemoró un aniversario más de los asesinatos de Francisco Madero y José María Pino Suárez. Al referirse a este suceso, algunos autores sostienen que Madero parecía tener prisa por finalizar su etapa como máxima figura política de nuestro país porque cometió errores que al final pagó muy caro.




En torno a la 4T parece darse algo similar.

Uno de los sectores que más apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en su camino a la presidencia de México fue el de los académicos del sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes tras el triunfo del tabasqueño han visto disminuir los recursos de sus centros de trabajo, medida que ha dificultado el desempeño de sus labores y dejado a mucha gente sin trabajo.

Además, para no ir tan lejos, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá tener un tope máximo de 10 Unidades de Medida de Actualización,  mejor conocida como UMA, lo que en la práctica significa una disminución del 40%, ya que al momento de escribir estas líneas la UMA de 89.62 pesos, mientras que el salario mínimo diario es de 141.70 pesos­.

No es todo, la mencionada SCJN está revisando una jurisprudencia que no solo vulnera los derechos laborales de los académicos de los centros de Investigación señalados, sino que atenta contra su libertad de estudio y expresión.

Es la Jurisprudencia P./J. 1/96, bajo la cual se considera a los investigadores como personal de base de sus instituciones –con derecho a agruparse en sindicatos que pueden negociar su contratación colectiva–, pero que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serían considerados como personal de confianza.

¿Qué significa esto? Que las autoridades de sus respectivos centros podrían definir unilateralmente sus condiciones de trabajo  y despedir a quienes no actúen de acuerdo a sus intereses, lo que en la práctica atentará no solo contra la investigación y la generación de conocimiento en nuestro país, sino contra la libertad de expresión de un sector que ha sido muy crítico con los gobiernos en turno y contribuyó en buena medida a la alternancia política que hoy vive México.

No es algo menor, México necesita voces informadas y críticas, no a los aplaudidores incondicionales que tanto hemos visto en todas las corrientes políticas. Es fundamental que los investigadores cuenten con condiciones laborales que les permitan generar y difundir el conocimiento generado por su trabajo sin preocuparse por herir susceptibilidades e intereses de grupo. Y deben tener también la posibilidad de expresar sus opiniones de manera libre y como marca la ley. Considerarlos trabajadores de confianza, como pretende la Jurisprudencia P./J. 1/96, atenta contra todo ello.

Así que, aunque entiendo perfectamente el tema de la separación de poderes, ¿medidas como las mencionadas no contribuirán a que en cien años se hable de los errores que acabaron con la 4T?

 

 

@IvanLópezGallo



Iván Lópezgallo

Estudió Historia en la UNAM. Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Periodismo, Maestro en Narrativa y producción Digital y candidato a Doctor en Administración. Premio Nacional de Locución (2010), Premio México de Periodismo (2010 y 2017) y Mención Honorífica en el Certamen Nacional de Periodismo (2009), todos en Reportaje por Televisión. Autor de "El camino de Un guerrero. Vida y legado de Isaías Dueñas" y "1863. Historia novel...Leer más

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