Guardia Nacional: “Atornillar al revés”



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nombre apellido 30/11/2018   12:00 a. m. Opinion-






 

La simpática frase chilena “atornillar al revés” refiere el acto de hacer algo contrario a la lógica y el sentido común. A tal extremo conduce el despropósito de dotar a la Guardia Nacional (GN) de una articulación orgánica para funciones de seguridad.




Haríamos bien en traer a la luz, nuevamente, el sentido de esta figura. Según Jesús Solano González, la GN surgió en 1846 ante la invasión norteamericana y tiene tres características: Ser una fuerza temporal, estar constituida por ciudadanos, no por soldados e incluso con un mando con antecedentes descentralizados (2012: 211).

Es bien conocido que la Constitución vigente menciona a la GN en diversos artículos, pero su arquitectura legal se mantiene en la ambigüedad. Frente a la realidad geopolítica del país y los duros golpes de la Historia, se podría inferir que la GN tiene la función de un cuerpo armado de última instancia ante casos de supervivencia derivados de una agresión extranjera o un imponderable natural (ahora nada descartable) aunque el Ejército tiene planes permanentes para ambas circunstancias.

En esta línea de argumentación, la idea de un “pueblo en armas” no debería usarse a la ligera. Se refiere únicamente a la situación en que los mexicanos debiéramos defender nuestra subsistencia aún con piedras, ante una amenaza exterior. En todo momento la Guardia se circunscribe a ciudadanos, no a ejércitos modernos profesionales.

 

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En cualquier democracia, las instituciones tienen una separación funcional. Para Solano:

La GN, a pesar de ser un cuerpo militar, en ningún momento puede compararse con el ejército federal, ya que, si bien ambos están contemplados en la Constitución como fuerzas de defensa nacional, cada uno posee características y funciones de diferente nivel. Por tanto, es preciso entender la GN y al Ejército Federal como complementarias y no como  equivalentes” (Solano, 2012: 2011).

El Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 señala que hay una gran revoltura y confusión en los conceptos de seguridad nacional, interior, pública, prevención, criminalidad, estado de Derecho y “paz interior”, cualquier cosa que esto último signifique. El problema es que el descuidado documento tampoco hace ningún esfuerzo por esclarecer u operacionalizar estos términos.

Más allá de las discusiones teóricas, la indefinición de facultades puede traer graves consecuencias operativas, como ha ocurrido cada vez que se quiere emprender alguna acotada reforma, desde Zedillo hasta Peña Nieto. La Constitución define tareas distinguibles para policías, ministerio público y por otra parte, hay criterios y resoluciones emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer una correlación armónica entre las instituciones que detentan la fuerza legítima del Estado.

Hay que aceptar que -dada nuestra todavía predominante tradición civilista- los mexicanos no tenemos referentes del todo claros sobre el impacto social que puede traer la operación de fuerzas militares en entornos urbanos, aunque ya han ocurrido terribles episodios en este sentido.

 

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Un informe producido en Colombia por el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la violencia ocasionada por el conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín, durante la tristemente célebre Operación Orión en 2002, relata cómo las familias de esa comunidad tenían que dormir bajo las camas para evitar ser alcanzados por balas perdidas y dan cuenta de la existencia de disparos desde helicópteros artillados a población civil por la conjunción de la Policía Nacional y Fuerzas Militares en estas actuaciones (CNMH, 2011:77). En escenarios de enfrentamiento entre cuerpos armados legales o ilegales, la población es la más indefensa y la que primero sufre los efectos de políticas irresponsablemente planeadas.

Aunque el uso de equipamiento reservado a las Fuerzas Armadas para problemáticas internas de inseguridad en entornos urbanos está prohibido por las convenciones internacionales, en la práctica es difícil que el Estado se someta a un control efectivo de su propio poder coercitivo. Resulta una ingenuidad suponer que un problema de este tipo se soluciona con voluntarismo. Si no hay reglas claras y límites explícitos, como existen en las leyes mexicanas de manera imperfecta pero nada desdeñable, el abuso en el empleo de la violencia estatal siempre es una posibilidad.

Frecuentemente se menciona la necesidad de examinar experiencias internacionales, que deberíamos desistir de llamarles “modelos” en virtud de que todos tienen debilidades graves que saltan a la vista, precisamente en un momento en que armar policías militarizadas es una tendencia global.

En menor o mayor medida, todos los gobiernos nacionales tienen problemas de Derechos Humanos que saltan a la vista recurrentemente con ejercicios excesivos de la fuerza. Volviendo al Cono Sur, en Chile, el renombrado cuerpo de Carabineros es continuamente señalado por gravísimos abusos en la protesta social y en el manejo del conflicto mapuche, por las mismas razones que aquí se han denunciado probables delitos cometidos por policías y militares: Torturas y tratos crueles, violación de las leyes e incumplimientos a protocolos de actuación.

Cabe reiterarlo: La propuesta de la GN mexicana quiebra la separación funcional de las instituciones establecida en la Constitución y hacer ese tipo de cambios, además de lento, puede provocar daños irreversibles a los sistemas de responsabilidades y libertades públicas. Peor aún sería que la GN operara de facto sin un entramado legal adecuado.

  Igualmente deplorable es que una propuesta irreflexiva de este tipo provenga de un partido de izquierda que claramente optó por una visión progresista, con el objetivo de concentrar el 80 por ciento de la acción del Estado en políticas sociales, laborales y educativas que ayuden a contrarrestar las múltiples crisis de violencia que atravesamos.

 

Foto: newsweekespanol.com

 

Hay un enorme consenso en el objetivo de reducir la violencia y controlar el delito. Subsiste aun la difícil pregunta, que no puede tener una respuesta única, sobre cómo atender dos tipos de criminalidad de diverso origen: La delincuencia común y las estructuras criminales.

Pero una afirmación tendría que ser contundente: Así, como lo propone el nuevo plan de seguridad, no va. Habría que reflexionar, promover prácticas de gobernanza y participación real de la sociedad y reiniciar una discusión abierta, plural y honesta, toda vez que como es visible, el nuevo gobierno no ha escuchado con suficiente atención lo que tienen que decir sectores democráticos de la sociedad civil.

A fin de cuentas, la violencia no es un problema únicamente militar ni policial, sino fundamentalmente social y político.

 

 

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Referencias:

  1. Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13. Aguilar, Altea et al. Bogotá D.C. 2011.
  2. Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. https://lopezobrador.org.mx/
  3. Solano González, Jesús. La Guardia Nacional. Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, CDMX 2012. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin/article/viewFile/1502/1402


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Candidato a Doctor en el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos-UNAM. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UDLA-Puebla y la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Su tesis de posgrado “La participación ciudadana en el DF: Un análisis de sus normas e instituciones” fue publicada por el IEDF. En la administración pública, laboró en distintas dependencias del ...Leer más

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