Diputado 501, por Antonio Tenorio Adame



Foto: elespectador.mx

Redaccion 06/07/2022   12:01 p. m. Opinion-






En la encrucijada

 

Los ecos jubilosos de la inauguración de la refinería Olmeca se expandieron por selvas y desiertos del país como epifanía de la nueva cultura de construcción sobre corrupción; una obra de la nación, no de una fracción.




 

Por la negativa

En época de nuevos alientos, ante la desolación de contagio persistente y de un pasado recurrente, donde no se ocultan las contradicciones, desde el Campo No. 1 se reúnen víctimas de la guerra sucia en afanoso despropósito conciliador de un plan de justicia prematuro e indiferenciado, entre militares y civiles atrapados en un proceso de confrontación forzada. Además, la preocupación generalizada gira en torno a la tendencia dominante, la militarización de la sociedad. Estos datos deben examinarse desde un mirador más alto que permita su examen en conjunto.

Bush le llamó guerra asimétrica a aquella donde la ventaja le corresponde al poder, pero en México se ha transitado desde un ejército surgido de la entraña del pueblo para derrocar al chacal usurpador de Victoriano Huerta, hasta fuerzas armadas que se encuentran comprometidas a deslindar las responsabilidades de uso indebido de la fuerza armada que son depositarios.

Para comprender el rechazo de familiares de las víctimas de la “guerra sucia” de otorgar un reconocimiento a los militares caídos en acciones definieron que “el plan de trabajo del organismo que representan y la Secretaria de la Defensa Nacional, no incluye ninguna reivindicación ni reconocimientos a los soldados”. En todo caso, añadimos que el propio protocolo militar reconoce y otorga condecoraciones a sus miembros distinguidos en acción, ¿acaso declaran sus omisiones?, ¿por qué obligar su reconocimiento cívico? En la contraparte, el dilema se basa en la tragedia ocurrida de la víctima: el sacrificio y el sacrilegio de una injusticia que persiste desde lo sucedido y de su desaparición.

Para los mexicanos es necesario el esclarecimiento, por razones de existencia nacionalista y de entender nuestra historia, a partir de un ejército de origen popular que ha sido sometido a injerencias extrañas hasta llevarlo a dañar el interés de la nación, cuyo cuidado es su intención y objetivo. En síntesis histórica, relatar el tránsito del ejército mexicano es tarea ardua y amplia en la que se requiere entender el origen de sus contradicciones, pues es una institución de origen y destino de la nación, que la explica y la mantiene, pero entonces: ¿que es lo que la distorsiona?, a riesgo de cometer un desvarío la sentencia que corresponde es el sistema político que la rige, con atribuciones y responsabilidades.

El Ejército mexicano está bajo tutela del presidencialismo en su versión vernácula, es decir, un presidencialismo mexicano sujeto a la constitución que le propicia un marco jurídico (arts., 13, 29, 89,129). De esa estructura constitucional rescatamos ahora la facultades del residente sobre las fuerzas armadas (frc VI art .89), “preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación».

Por otra parte, el presidente de la república no es responsable durante el periodo de su encargo, (Const.108). Además como afirmaba el doctor Jorge Carpizo, el presidente gozaba de “facultades meta constitucionales” en un afán de reconocer situaciones de hecho que contradicen lo que afirman, no hay facultades fuera de la constitución, pero era cierto que el presidente como jefe del partido hegemónico mantenía la unidad de un solo partido en el gobierno.

Este hecho poco examinado, pero siempre citado, llevaba como postulado mantener un partido oficial de mayoría que impedía la pluralidad de la representación de la nación, o sea, un Congreso unicolor. La legitimidad necesaria derivaba de un pasado revolucionario generador de un liberalismo social que atendía la propiedad social de la tierra y la explotación de los recursos del petróleo en el financiamiento del desarrollo económico nacional. Esta base ideológica en que se sustentó el proyecto de nación de la revolución tuvo los siguientes efectos sobre el comportamiento orgánico del Ejército.

 

Por la afirmativa

México es un país de paradojas comparado con América Latina. La independencia fue proclamada por curas, no por generales, fusiló a dos emperadores que intentaron dominarlo, y realizó una revolución que reconoció la propiedad originaria de la Nación. Durante 72 años, México gozó de la fama de ser un país con estabilidad política. Su logro se fundaba en un presidencialismo autoritario, donde el Jefe del Ejecutivo disponía de amplias facultades constitucionales como jefe de las Fuerzas Armadas y, a la vez, jefe del partido hegemónico.

Todo este amplio espectro político dispone de un entramado geopolítico donde los Estados Unidos de América determina aspectos centrales, como la firma de los Tratados de Bucareli del 13 agosto de 1923, donde se conviene en el congelamiento del comercio de armas cuyos efectos se dejaron sentir en suspensión de los golpes militares.

El origen del Ejército mexicano se sitúa en el Plan de Guadalupe de 1914, en el que se llamó a la población civil a formar de una fuerza militar para derrotar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta; además, este ejército fue capaz de defender la integridad territorial y la soberanía de la nación ante el asedio invasor de la vecina nación los Estados Unidos. La formación de ese ejército de extracción popular a favor de las causas supremas de la revolución fue capaz de hacer vigente la constitución de Querétaro, en particular el artículo 27 en el reparto agrario y la expropiación petrolera, así como también establecer las relaciones laicas del Estado durante la guerra cristera.

De acuerdo con las facultades constitucionales, el presidente dispone del ejército; en varias ocasiones fue utilizado para la contención de movimientos agrarios, o laborales, como ocurrió con la matanza de sinarquistas, en la Plaza central de León de los Aldamas, Guanajuato. Cuando el ejército tomó por asalto el internado del Instituto Polítecnico Nacional en 1955 y la detención de la FNET con su dirigente Nicandro Mendoza y otros compañeros. En el rompimiento de la huelga general de Ferrocarriles Nacionales, en 1958, con el encarcelamiento de miles de trabajadores en campos militares. La aparente facilidad de utilizar a los militares en apaciguar conflictos llevó a la insensatez del desastre de la plaza de las Tres Culturas en 1968.

Por otra parte, a partir de la doctrina Carranza y los Tratados de Bucareli, México disponía de un régimen de gobierno con notable estabilidad política, mientras los países homólogos se encontraban sujetos a golpes militares que interrumpían mandatos de gobiernos electos. Las instituciones de esos países se encontraban inermes ante el poder militar de sus ejércitos controlados por el Departamento de Estado de Washington, mientras en México privaba con que se vivieron en otras latitudes, según Soledad Loaeza (Revista Universidad 841).

Lo anterior no impidió la injerencia de las Fuerzas Armadas en el 68, el surgimiento de las guerrillas como rescoldo de alternativas de participación, la presencia del ejército en zonas de riesgo, a la vez que se abrieron frentes para-policiacos con la Brigada Blanca para frenar las acciones de la guerrilla urbana. Ambas acciones no se justificaron ni fundamentaron su legitimidad constitucional, sin embargo sus despliegues llevaron a la violación de las garantías constitucionales y derechos humanos de manera permanente y generalizada.

A finales del siglo XX e inicio del siguiente, surgió un fenómeno que afectó severamente la seguridad de la nación, fue la intensificación masiva del narcotráfico, en una magnitud hasta entonces desconocida. Varios fenómenos ocurrieron para potenciar las condiciones espaciales como el dominio y control del mercado de drogas estadounidense por razones fronterizas, mas favorecidas que las de Colombia; por otra parte, la transición democrática del país se reflejó en la balcanización del control del mercado interno, debido a que los controles del narcotráfico los ejercieron los gobernadores, comenzando por los del PRI, a fin de quebrantar el liderazgo que hasta entonces los ejercía su control hegemónico.

 

Para efectos constitucionales

Es en esta fase donde se afecta la vida civil por la presencia cada vez mayor del militarismo, donde el estado mexicano reconoce a las instituciones militares en sus virtudes y capacidades por encima de autoridades civiles.

La Guerra híbrida que se desenvuelve en nuestro país se ha venido impulsando desde el 11 de diciembre del 2006, por el gobierno de Felipe Calderón, quien envió 6500 efectivos a combatir el narcotráfico en Michoacán, con resultados inciertos o reducidos, sin una declaración expresa ente el Congreso, además de una estrategía de facultades abiertas a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. El problema fundamental consistió en mezclar a una institución de interés prioritario nacional en un problema de alto contagio de corrupción; por otra parte, la función militar es diferente a la de prevención y control de seguridad pública, así como no era posible la simulación de organismos militares encubiertos como civiles.

Esta estrategia ha perdurado desde sus orígenes hasta nuestros día con total fracaso porque cada vez aumenta el costo de homicidios, desapariciones, delitos que afectan la seguridad económica, hasta la falta de control territorial por parte del estado, como evidenciaron los crímenes de jesuitas en la Sierra Tarahumara.

En la 4T, el ejército ha avanzado considerablemente en la confianza del Ejecutivo, desde aprobarle generosos presupuestos, hasta encomendarle tareas de orden administrativo que regularmente atendían civiles, entre otras, el control de aduanas, puertos marítimos, construcción de obras públicas, apoyo en otras funciones administrativas, y, en especial, como albacea de la obra pública en transición sexenal para garantizar no sea destruida por incomprensión o interés ajeno al bienestar de la gente.

La próxima colaboración examinaremos el sistema de responsabilidades para cerrar cómo dirimir las ilimitadas facultades presidenciales y las responsabilidades diluidas que cuestionan la función de las Fuerzas Armadas.

 

Lic. Antonio Tenorio Adame